Yo camino por la orilla de un río que ya no reconozco.
Escucho su murmullo como se oye un fantasma: familiar, pero lejos.
No quiero hablar como tecnócrata. Quiero hablar como quien vuelve a casa y se pregunta si todavía habrá agua en la canilla mañana.
Los glaciares —esas montañas de hielo que no gritan ni marchan— se están encogiendo delante de nuestros ojos y miden silenciosamente el precio de nuestra indiferencia. El gran glaciar Perito Moreno, ícono de paisajes y viajes, ha retrocedido miles de metros en los últimos años —una pérdida que muchos científicos ya consideran irreversible— y ha alterado la hidrología regional en formas que apenas comenzamos a entender.
Hay nombres que hacen eco en esas elevaciones heladas.
Hay científicos que han dedicado su vida a medir, registrar, comprender.
Uno de ellos es Ricardo Villalba, glaciólogo argentino reconocido por su trabajo en inventarios y estudios glaciales, autor también de análisis integrados en equipos científicos que intentan poner números y trazabilidad a lo que está sucediendo con ese hielo que alimenta los ríos.
Pero incluso cuando la ciencia pregunta los porqués, hay quienes quieren transformar el agua en propiedad corporativa.
La privatización, la contaminación y la sequía inducida no son fantasmas conspirativos: son efectos compatibles con una lógica que ve al agua como activo financiero, no como bien común.
Así como quienes buscan modificar leyes para poner menos límites a la actividad extractiva —aunque eso signifique alterar cuencas y fuentes de agua vitales— lo hacen bajo eufemismos técnicos y promesas de “seguridad jurídica” o “desarrollo estratégico” mientras el agua baja y no vuelve igual.
El agua no espera lobby ni memorandos; el agua no negocia con plazos parlamentarios.
Mientras en la política se discute si conviene definir con más laxitud qué cuerpos de hielo merecen protección o cuáles pueden quedar abiertos al extractivismo, los glaciares se adelgazan, los ríos cambian caudales, las estaciones se oscurecen.
El hielo se derrite también en silencio, pero su desaparición no es menor porque no haga ruido.
Avanzamos como sociedad hacia una nueva normalidad en que el agua se mide en variables económicas antes que en vidas humanas. Ese desplazamiento conceptual es más profundo que cualquier decreto: es una mudanza del imaginario colectivo.
Ya no pensamos “agua” y sentimos vida.
Pensamos “agua” y calculamos “rentabilidad”.
Pero permítanme decirlo claramente. No hay ninguna bolsa del mundo que pueda reponer un manantial seco. No hay cotización bursátil que garantice que una familia tenga agua en su vaso al despertar. No hay índice financiero que cuadre la sed.
La escasez inducida —cuando los incentivos están construidos para favorecer la extracción, la mercantilización y la precarización del acceso— no es accidente.
Es resultado. Resultado de decisiones políticas y legislativas que aceptan la escasez como externalidad “controlada”.
Y aquí hago una pausa, y hablo desde adentro. Yo sé que el agua no es solo un insumo más, sé que sus ritmos no son los del mercado, sé que un glaciar derritiéndose no es una metáfora, sino un reloj climático que nos marca un tiempo cada vez más corto.
Tenemos que preguntarnos si queremos un mundo en que los ciclos naturales —el ciclo del agua, la regulación térmica, las estaciones— queden subordinados a la lógica extractiva de quienes ven la escasez como la materia prima de la ganancia.
Porque la verdadera distopía no es un futuro tech-noir que nos cuentan en las novelas.
La verdadera distopía es un esquema que normaliza la privatización del agua, la contaminación aceptada como “externalidad inevitable”, y la redefinición normativa de bienes comunes para encajar en modelos de mercado.
Eso no es progreso, eso es maquillar escasez como eficiencia.
Y nosotros sabemos —porque lo hemos visto, lo hemos medido, lo hemos sentido— que sin agua no hay libertad, y sin libertad no hay dignidad.
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