Sentencia condenatoria por la muerte de Ragone

Martín Avila Abogado de DD.HH

Con un festival en la Ciudad judicial en Salta se esperarán, el próximo martes,  las sentencias por la desaparición del gobernador Miguel Ragone. Fueron más de siete años de litigio para Martín Ávila, abogado de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quien en esta entrevista nos hace su balance y expectativa; días antes del dictado final por parte de la Justicia.

¿Qué razones lo vincularon con esta causa?

En mi caso particular y debido a un política de gobierno instalada por el entonces presidente Néstor Kirchner, asumí el desafío de llevar adelante éste y otros juicios en donde se investigan violaciones a los derechos humanos. A propuesta del Dr. Eduardo Luis Duhalde  quien me referenció y admiró. Desde su reapertura en Agosto de 2004 la causa 'Ragone' fue la referencia de la jurisdicción, no porque las demás sean de menor importancia; sino porque la investigación de la desaparición del ex gobernador ha colaborado en las todas las causas por haber sido Ragone un líder político e ideológico y por ende seguido por distintos sectores y movimientos, a través de dirigentes y militantes que por esa elección hoy están desaparecidos o fueron asesinados. 

¿Qué espera ahora, luego de tan largo proceso judicial?

Creo que luego de tantos años de litigio penal, llegó el momento para que la Justicia se reconcilie con la sociedad y con la familia Ragone. Hay que recomponer a través de un pronunciamiento judicial ejemplificador, el daño ocasionado por el terrorismo de Estado. Lamentablemente la investigación por el magnicidio del Dr. Miguel RAGONE es el juicio más importante de la historia de Salta. Y digo lamentablemente, porque tuvo todas las características esenciales y tipificantes de los delitos de lesa humanidad, puesto que se obró en forma sistemática y generalizada, desde el Estado a través de sus agentes o aparatos parapoliciales y/o paramilitares; dirigidos a una población civil con el fin de aniquilarla en forma total o parcial.

¿Cuáles fueron los mayores obstáculos del proceso penal?

Sin dudas que la presencia de Ricardo Lona, ex juez federal de Salta durante el acontecimiento de los hechos y luego en la dictadura, fue uno de los grandes motivos de demora en la investigación. Debido a la inmensa cantidad de inhibiciones y recusaciones que provocó en los magistrados o jueces subrogantes y ad hoc sorteados, por su amistad, en su gran mayoría, y enemistad o parentesco. Además, Lona fue imputado en la causa, lo que provocaba entonces el apartamiento de los jueces mencionados. Igual no deja de ser un juicio penal y como tal tiene de forma inherente a todo juicio penal demoras aceptadas convencionalmente aunque aún muy poco explicadas o justificadas, sumadas al abarrotamiento de causas acumuladas en los tribunales orales a la espera de fijación de fecha de audiencia de debate. Por lo que fueron más de siete extensos años de lucha diaria y sostenida. Creo también que el esfuerzo que han hecho todos/as los/as abogados/as que han participado en este tipo de causas fue enorme, de igual manera admirable la paciencia y la credibilidad en la justicia que tuvieron las familias directas de las víctimas del terrorismo de Estado en su lucha permanente por exigir justicia.

¿Cuáles son las acusaciones que pesan sobre cada uno de los imputados?

De los siete imputados, a cuatro de ellos se les ha solicitado la pena de prisión perpetua debido a que los consideramos autores del delito de homicidio calificado por la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.

Específicamente podemos decir que a Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Joaquín Guil son autores del magnicidio en su calidad de autores mediatos, ya que cada uno ostentaba un cargo de dirección teniendo el control operacional de todas las fuerzas de seguridad, fíjese que Mullhall estaba como Jefe de la Guarnición del Ejército de Salta; Área 322.

Gentil, jefe de policía, es decir que eran militares por lo cual la autoridad siguiente era Guil, policía, ello explica que en el juicio todos lo reconocieron como 'el jefe', pese a ser Director de Seguridad de la Policía de Salta. Con lo cual se demostró que fue tercera autoridad de esa fuerza por debajo del Jefe y Subjefe.

Respecto de Soraire creemos que es el principio de la ruptura del pacto de silencio entre los policías y algunos civiles; su imputación surge un año después cuando en la localidad de Metán el subjefe de policía se presentó y frenó un juicio en contra de Soraire procurando su libertad e impunidad. Una de las víctimas del homicidio que estaba acusado Soraire, de apellido Rodríguez era hermano de dos empresarios que reconocieron colaborar con la policía dándoles nafta. Ese colaboracionismo cesó con la muerte de su hermano y Soraire fue protegido por la policía alegándose que había participado en el secuestro de Ragone y no podía por eso ser juzgado. Los hermanos Rodríguez se presentaron en la jefatura de policía y delante de las tres máximas autoridades de entonces (1977) Carpani Costas, jefe, Grande, subjefe, y Guil, Director de Seguridad, reconocieron la participación de Soraire en el secuestro de Ragone y por ello querían canjearle a cambio de la impunidad de Soraire 4 nombres a su discreción para que sean desaparecidos.

La declaración de los Rodríguez, rompe el pacto de silencio y confirma el grado de impunidad y poder que tenían los personeros del terrorismo de Estado, la existencia de los colaboracionistas y el principio de ruptura del pacto de silencio. También recordemos que Soraire fue incorporado a la causa recién en el año 2006 debido a que estuvo prófugo de la Justicia 20 años.

De Zanetto decimos que es claramente autor de delito de coacción agravada puesto que como personero de Lorenzo Miguel, era su chofer, vino a Salta nombrado por el ministro Ginés Fernández como secretario y fue el encargado de anunciarle el mal a Ragone, le dijo que debía abortar su candidatura para las internas del PJ. Ese hecho fue claramente probado y cotejado por el testigo que recibió esa amenaza,  por lo cual de ese hecho existe certeza absoluta. Más allá del resultado del secuestro, Zanetto sabía perfectamente lo que hacía y en nombre de quien venía y si bien el día específico del secuestro, 11/3/76 no estuvo en Salta, fue parte del magnicidio y al menos deberá responder por esa imputación. Al igual que Soraire, Zanetto, también estuvo prófugo de la justicia.

Respecto de los Herrera, queda solo decir que inicialmente la calificación de encubrimiento es benévola, también es real que nos sirve para demostrar que existió una zona custodiada o liberada que permitió el secuestro del ex gobernador  y mal podrán utilizar la coartada de que nada escucharon ese día pese a estar a 150mts; custodiando el domicilio de Gentil puesto que dicho argumento a esta altura resulta pueril.

¿Estamos en condiciones de creer que se da por concluida esta deuda histórica con la sociedad por más justicia?

Creo que 35 años fueron mucho. Y hasta tanto,  la Justicia miró a otro lado o fue cómplice. Sin embargo, en este proceso se logró romper con los esquemas internalizados de poder que existen en gran parte de la justicia aunque  no en toda.

Pero hay que aclarar que aún hay ausentes en la responsabilidad del magnicidio de Ragone y que ahora deberán ser juzgados como responsables. Esto surgió en todas las audiencias llevadas adelante y la prueba recolectada que sin dudas ha sido mucha. Por ello es que insisto en la importancia de concurrir  el próximo martes 11 de octubre a partir de las 10hs en la Ciudad Judicial, en donde el sol asomará con el nombre de verdad, memoria y justicia.

Por Alejandra Paredes