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viernes, 16 de marzo de 2012

#Memoria #Verdad y #Justicia : Demolición del Monumento a Manchalá


Monumento al Combate de Manchalá
que revindica el terrorismo de Estado
Hay personas que llegan a cargos públicos sin concursarlos y muchos menos sometidos a votación popular, están son las personas de las que se puede esperar cualquier comportamiento dado los mecanismo a los que acceden a lugares preponderantes.
Para ejemplificar cuando en Salta ganó una banca para el Congreso Alfredo "Cepillo" Olmedo sabíamos como sería su representación, tal es la situación que hoy vemos al diputado realizando campañas de distinta índole en Buenos Aires. ¿Hace falta recordar servicio militar obligatorio, cupo homosexual, etc.?.
En estos días atacaron mucho a un compañero, que ha diferencia de legislador nacional, es un luchador de los DDHH hace muchos años incluso antes de aspirar a un cargo electivo. Aquí deseo destacar la figura del compañero Martín Avila, quien desde su humilde banca en el Concejo Deliberante de Salta demuestra una máxima que les sonará familiar, "no dejó los principios en la puerta" ...en este caso del Concejo Deliberante. El presento un proyecto ante el cuerpo deliberativo solicitando se gestione la remoción del monumento que emula a un laboratorio de las fuerzas terroristas estatales en los ´70s, conocido como el Combate de Manchalá, emplazado en los terrenos que son patrimonio del Poder Ejecutivo Nacional. Esta iniciativa despertó (aún que en Salta no hace falta mucho) posturas conservadoras y opiniones desmesuradamente derechosas.
Cuál sanedrines salieron a rasgarse las vestiduras ante un hecho de total coherencia, arguyeron "parecismos" y desde una postura hasta autoritaria salieron a querer delimitar cual es el ámbito de jurisdiccional del cuerpo deliberativo de la ciudad.
Aquí les comparto una nota que les pintara un panorama más amplio.

Combate a la derecha

Remoción de un monumento terrorista, despierta encendidos ataques a los DDHH

· Por Alejandra Paredes

Martin Avila es abogado de DD.HH
y Concejal de la ciudad de Salta
El concejal Martín Ávila, otrora abogado por la Secretaría de DDHH de la Nación, llevó un proyecto ante el cuerpo deliberativo solicitando se gestione la remoción del monumento que emula a un laboratorio de las fuerzas terroristas estatales en los ´70s, conocido como el Combate de Manchalá, emplazado en los terrenos que son patrimonio del Poder Ejecutivo Nacional. La última sesión del Concejo, le fue favorable y dejó en claro las posturas que perdonan el accionar militar en contra de los civiles en los '70s.

Los más añosos dentro de la política hicieron críticas duras al pedido del concejal y vicepresidente 2do del Concejo Deliberante, incluso hasta carta de lectores anónimos fueron publicadas, para justificar el terrorismo de Estado en Argentina. Sin embargo, Martín Ávila fiel a sus convicciones en el recinto y ante sus pares defendió su proyecto con los siguientes argumentos: “en este marzo de la memoria y como ciudadano de Salta, hemos recibido una serie de peticiones respecto de la ubicación del denominado monumento al Combate de Manchalá que ha tenido una gran visibilidad debido al uso de la avenida Arenales desde hace poco tiempo. Por ello, menciono que después de la Segunda Guerra Mundial y de siete millones de muertos en Europa. Los Estados han creado y regado al Derecho Internacional a través de Tratados o Convenios multilaterales donde se comprometieron a sancionar, erradicar y juzgar a aquellos Estados que cometan delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad significan contra la humanidad, aquellos que no solo ofenden a la víctima en si misma sino que ofenden a toda la humanidad y por ello tienen una jurisdicción internacional. Cabe recordar que la Argentina durante la época del cepo de impunidad ocurrido durante el año 1985 y 2003 fue condenada en países como España, Francia y Alemania o Italia por la comisión de dichos delitos y que uno de los jueces que procedió fue Baltasar Garzón, motivo de otro proyecto presentado con los concejales Álvarez y Castro que luego será discutido en una próxima sesión. Pero volviendo a la cuestión de Terrorismo de Estado el que es dirigido de forma sistemática contra una población civil con fines ideológicos o con el fin del aniquilamiento. El Estado tiene un fin irrenunciable e indelegable, que es el bien común y cuando las personas que lo componen se alejan de ello cometen delitos de lesa humanidad de ninguna manera pueden extraerse de la Constitución Nacional o de las leyes que rigen para juzgar a delitos cometidos y que tengan sanciones en el Código Penal y se existió parte de la población civil que cometió alguno, el Estado debió juzgarlos bajo el debido derecho a defensa y luego someterlos a juicio. Pero de ninguna manera se puede permitir desde el Estado el aniquilamiento de las personas, denominándolos subversivos” expuso el Vicepresidente 2do del Concejo Deliberante.
Asimismo el edil de Memoria y Movilización Social, refirió al 25 de mayo de 1975 y dejó en claro que ese día el aniquilamiento de las personas no fue ningún combate, sino un mero fusilamiento de civiles, tildados de subversivos a quienes no se les aplicó el tratamiento de la ley. Enmarcado en lo que se conoció como el operativo Independencia, que aunque estábamos en vísperas del Golpe de Estado del ’76, ya se habían cometido delitos de lesa humanidad. ¿Cómo explicar, sino la desaparición y secuestro del ex gobernador por Salta, Miguel Ragone?, o ¿el asesinato de Obispo Angelelli en La Rioja? O ¿el asesinato de Ortega Peña, diputado en provincia de Buenos Aires? preguntó a los presentes. Así fue que por ello aclaró que no se humilló a las Fuerzas Armadas y que en tal caso eso lo hicieron quienes los redujeron a ser unos tristes encapuchados. “Nosotros queremos que las Fuerzas Armadas nos defiendan”.

Las voces en contra

La voz del fundamentalismo conservador es sin dudas Aroldo Tonini y en ese rol es que expresó: “sin negar el rol protagónico del concejal Ávila en la causa Ragone, lo convierte en alguna manera en un historiador activo porque a la par que estudia la historia, él acciona a favor de elementos que garanticen la eficacia de los derechos humanos, pero es importante que el concejal Ávila cuente toda la verdad histórica sobre este tema, la que pueden acceder el propio Instituto de Investigación y otros institutos del país que no dicen lo mismo que el concejal” dijo irónicamente a la vez que en demagógica postura señaló que el soldado que está en el monumento es símbolo de los 14 salteñitos muertos y heridos, “algunos de ellos son empleados municipales como Faba que trabaja todavía, por eso es faltar a la verdad histórica porque el terrorismo que habla el concejal Ávila fue lanzada por la presidente peronista Isabel Martínez de Perón, si es que se trata de terrorismo de Estado” aludió Tonini. Así mencionó a 143 subversivos atacando a supuestos e indefensos soldados de la patria. El discurso realizado por el opositor Tonini, centró su eje en que por peronista Isabelita no incurrió en tales crímenes y que por subversivos, los civiles fueron ajusticiados por un escuadrón compuesto por lo que llamó “9 soldaditos salteños” y nombrando uno a uno, recordó que Segura (uno de los caídos) tiene compañeros que trabajan en el Concejo Deliberante, dato que a futuro deberá tenerse muy presente. Tonini, emuló a Cecilia Pando defensora a ultranza de los Generales genocidas y ese precisamente es un discurso que hace permanente apología a la intolerancia y a la justicia por mano propia.
Consecuentemente, Pérez Estrada y Zapata, también apoyaron la postura del conservador Aroldo Tonini que solicitaba el pase a comisión y correspondiente cajón del proyecto que de igual modo fue aprobado y salió airoso con el voto a conciencia de los ediles oficialistas.
A modo de corolario; el ejercicio permanente de la concientización de los derechos humanos y la memoria activa aun en Salta, debe poner blanco sobre negro esa base ideológica que defiende el odio y la intolerancia ante las víctimas de un Estado que practicaba el castigo, la persecución, tortura y desaparición de sus propios ciudadanos. Además, hay que mirar con la cruda verdad de lo sucedido que el monumento en el Regimiento militar no es para reivindicar al conscripto Brizzi, desaparecido, ni tampoco a Omar Carrasco –muerto en los ‘90s por abuso de autoridad- practica del Ejército impune entrenado por la dictadura.

viernes, 7 de octubre de 2011

Sentencia condenatoria por la muerte de Ragone

Martín Avila Abogado de DD.HH
Con un festival en la Ciudad judicial en Salta se esperarán, el próximo martes,  las sentencias por la desaparición del gobernador Miguel Ragone. Fueron más de siete años de litigio para Martín Ávila, abogado de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quien en esta entrevista nos hace su balance y expectativa; días antes del dictado final por parte de la Justicia.

¿Qué razones lo vincularon con esta causa?

En mi caso particular y debido a un política de gobierno instalada por el entonces presidente Néstor Kirchner, asumí el desafío de llevar adelante éste y otros juicios en donde se investigan violaciones a los derechos humanos. A propuesta del Dr. Eduardo Luis Duhalde  quien me referenció y admiró. Desde su reapertura en Agosto de 2004 la causa 'Ragone' fue la referencia de la jurisdicción, no porque las demás sean de menor importancia; sino porque la investigación de la desaparición del ex gobernador ha colaborado en las todas las causas por haber sido Ragone un líder político e ideológico y por ende seguido por distintos sectores y movimientos, a través de dirigentes y militantes que por esa elección hoy están desaparecidos o fueron asesinados. 

¿Qué espera ahora, luego de tan largo proceso judicial?

Creo que luego de tantos años de litigio penal, llegó el momento para que la Justicia se reconcilie con la sociedad y con la familia Ragone. Hay que recomponer a través de un pronunciamiento judicial ejemplificador, el daño ocasionado por el terrorismo de Estado. Lamentablemente la investigación por el magnicidio del Dr. Miguel RAGONE es el juicio más importante de la historia de Salta. Y digo lamentablemente, porque tuvo todas las características esenciales y tipificantes de los delitos de lesa humanidad, puesto que se obró en forma sistemática y generalizada, desde el Estado a través de sus agentes o aparatos parapoliciales y/o paramilitares; dirigidos a una población civil con el fin de aniquilarla en forma total o parcial.

¿Cuáles fueron los mayores obstáculos del proceso penal?

Sin dudas que la presencia de Ricardo Lona, ex juez federal de Salta durante el acontecimiento de los hechos y luego en la dictadura, fue uno de los grandes motivos de demora en la investigación. Debido a la inmensa cantidad de inhibiciones y recusaciones que provocó en los magistrados o jueces subrogantes y ad hoc sorteados, por su amistad, en su gran mayoría, y enemistad o parentesco. Además, Lona fue imputado en la causa, lo que provocaba entonces el apartamiento de los jueces mencionados. Igual no deja de ser un juicio penal y como tal tiene de forma inherente a todo juicio penal demoras aceptadas convencionalmente aunque aún muy poco explicadas o justificadas, sumadas al abarrotamiento de causas acumuladas en los tribunales orales a la espera de fijación de fecha de audiencia de debate. Por lo que fueron más de siete extensos años de lucha diaria y sostenida. Creo también que el esfuerzo que han hecho todos/as los/as abogados/as que han participado en este tipo de causas fue enorme, de igual manera admirable la paciencia y la credibilidad en la justicia que tuvieron las familias directas de las víctimas del terrorismo de Estado en su lucha permanente por exigir justicia.

¿Cuáles son las acusaciones que pesan sobre cada uno de los imputados?

De los siete imputados, a cuatro de ellos se les ha solicitado la pena de prisión perpetua debido a que los consideramos autores del delito de homicidio calificado por la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.
Específicamente podemos decir que a Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Joaquín Guil son autores del magnicidio en su calidad de autores mediatos, ya que cada uno ostentaba un cargo de dirección teniendo el control operacional de todas las fuerzas de seguridad, fíjese que Mullhall estaba como Jefe de la Guarnición del Ejército de Salta; Área 322.
Gentil, jefe de policía, es decir que eran militares por lo cual la autoridad siguiente era Guil, policía, ello explica que en el juicio todos lo reconocieron como 'el jefe', pese a ser Director de Seguridad de la Policía de Salta. Con lo cual se demostró que fue tercera autoridad de esa fuerza por debajo del Jefe y Subjefe.
Respecto de Soraire creemos que es el principio de la ruptura del pacto de silencio entre los policías y algunos civiles; su imputación surge un año después cuando en la localidad de Metán el subjefe de policía se presentó y frenó un juicio en contra de Soraire procurando su libertad e impunidad. Una de las víctimas del homicidio que estaba acusado Soraire, de apellido Rodríguez era hermano de dos empresarios que reconocieron colaborar con la policía dándoles nafta. Ese colaboracionismo cesó con la muerte de su hermano y Soraire fue protegido por la policía alegándose que había participado en el secuestro de Ragone y no podía por eso ser juzgado. Los hermanos Rodríguez se presentaron en la jefatura de policía y delante de las tres máximas autoridades de entonces (1977) Carpani Costas, jefe, Grande, subjefe, y Guil, Director de Seguridad, reconocieron la participación de Soraire en el secuestro de Ragone y por ello querían canjearle a cambio de la impunidad de Soraire 4 nombres a su discreción para que sean desaparecidos.
La declaración de los Rodríguez, rompe el pacto de silencio y confirma el grado de impunidad y poder que tenían los personeros del terrorismo de Estado, la existencia de los colaboracionistas y el principio de ruptura del pacto de silencio. También recordemos que Soraire fue incorporado a la causa recién en el año 2006 debido a que estuvo prófugo de la Justicia 20 años.
De Zanetto decimos que es claramente autor de delito de coacción agravada puesto que como personero de Lorenzo Miguel, era su chofer, vino a Salta nombrado por el ministro Ginés Fernández como secretario y fue el encargado de anunciarle el mal a Ragone, le dijo que debía abortar su candidatura para las internas del PJ. Ese hecho fue claramente probado y cotejado por el testigo que recibió esa amenaza,  por lo cual de ese hecho existe certeza absoluta. Más allá del resultado del secuestro, Zanetto sabía perfectamente lo que hacía y en nombre de quien venía y si bien el día específico del secuestro, 11/3/76 no estuvo en Salta, fue parte del magnicidio y al menos deberá responder por esa imputación. Al igual que Soraire, Zanetto, también estuvo prófugo de la justicia.
Respecto de los Herrera, queda solo decir que inicialmente la calificación de encubrimiento es benévola, también es real que nos sirve para demostrar que existió una zona custodiada o liberada que permitió el secuestro del ex gobernador  y mal podrán utilizar la coartada de que nada escucharon ese día pese a estar a 150mts; custodiando el domicilio de Gentil puesto que dicho argumento a esta altura resulta pueril.

¿Estamos en condiciones de creer que se da por concluida esta deuda histórica con la sociedad por más justicia?

Creo que 35 años fueron mucho. Y hasta tanto,  la Justicia miró a otro lado o fue cómplice. Sin embargo, en este proceso se logró romper con los esquemas internalizados de poder que existen en gran parte de la justicia aunque  no en toda.
Pero hay que aclarar que aún hay ausentes en la responsabilidad del magnicidio de Ragone y que ahora deberán ser juzgados como responsables. Esto surgió en todas las audiencias llevadas adelante y la prueba recolectada que sin dudas ha sido mucha. Por ello es que insisto en la importancia de concurrir  el próximo martes 11 de octubre a partir de las 10hs en la Ciudad Judicial, en donde el sol asomará con el nombre de verdad, memoria y justicia.

Por Alejandra Paredes