Sentencia condenatoria por la muerte de Ragone

Martín Avila Abogado de DD.HH

Con un festival en la Ciudad judicial en Salta se esperarán, el próximo martes,  las sentencias por la desaparición del gobernador Miguel Ragone. Fueron más de siete años de litigio para Martín Ávila, abogado de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quien en esta entrevista nos hace su balance y expectativa; días antes del dictado final por parte de la Justicia.

¿Qué razones lo vincularon con esta causa?

En mi caso particular y debido a un política de gobierno instalada por el entonces presidente Néstor Kirchner, asumí el desafío de llevar adelante éste y otros juicios en donde se investigan violaciones a los derechos humanos. A propuesta del Dr. Eduardo Luis Duhalde  quien me referenció y admiró. Desde su reapertura en Agosto de 2004 la causa 'Ragone' fue la referencia de la jurisdicción, no porque las demás sean de menor importancia; sino porque la investigación de la desaparición del ex gobernador ha colaborado en las todas las causas por haber sido Ragone un líder político e ideológico y por ende seguido por distintos sectores y movimientos, a través de dirigentes y militantes que por esa elección hoy están desaparecidos o fueron asesinados. 

¿Qué espera ahora, luego de tan largo proceso judicial?

Creo que luego de tantos años de litigio penal, llegó el momento para que la Justicia se reconcilie con la sociedad y con la familia Ragone. Hay que recomponer a través de un pronunciamiento judicial ejemplificador, el daño ocasionado por el terrorismo de Estado. Lamentablemente la investigación por el magnicidio del Dr. Miguel RAGONE es el juicio más importante de la historia de Salta. Y digo lamentablemente, porque tuvo todas las características esenciales y tipificantes de los delitos de lesa humanidad, puesto que se obró en forma sistemática y generalizada, desde el Estado a través de sus agentes o aparatos parapoliciales y/o paramilitares; dirigidos a una población civil con el fin de aniquilarla en forma total o parcial.

¿Cuáles fueron los mayores obstáculos del proceso penal?

Sin dudas que la presencia de Ricardo Lona, ex juez federal de Salta durante el acontecimiento de los hechos y luego en la dictadura, fue uno de los grandes motivos de demora en la investigación. Debido a la inmensa cantidad de inhibiciones y recusaciones que provocó en los magistrados o jueces subrogantes y ad hoc sorteados, por su amistad, en su gran mayoría, y enemistad o parentesco. Además, Lona fue imputado en la causa, lo que provocaba entonces el apartamiento de los jueces mencionados. Igual no deja de ser un juicio penal y como tal tiene de forma inherente a todo juicio penal demoras aceptadas convencionalmente aunque aún muy poco explicadas o justificadas, sumadas al abarrotamiento de causas acumuladas en los tribunales orales a la espera de fijación de fecha de audiencia de debate. Por lo que fueron más de siete extensos años de lucha diaria y sostenida. Creo también que el esfuerzo que han hecho todos/as los/as abogados/as que han participado en este tipo de causas fue enorme, de igual manera admirable la paciencia y la credibilidad en la justicia que tuvieron las familias directas de las víctimas del terrorismo de Estado en su lucha permanente por exigir justicia.

¿Cuáles son las acusaciones que pesan sobre cada uno de los imputados?

De los siete imputados, a cuatro de ellos se les ha solicitado la pena de prisión perpetua debido a que los consideramos autores del delito de homicidio calificado por la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.

Específicamente podemos decir que a Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Joaquín Guil son autores del magnicidio en su calidad de autores mediatos, ya que cada uno ostentaba un cargo de dirección teniendo el control operacional de todas las fuerzas de seguridad, fíjese que Mullhall estaba como Jefe de la Guarnición del Ejército de Salta; Área 322.

Gentil, jefe de policía, es decir que eran militares por lo cual la autoridad siguiente era Guil, policía, ello explica que en el juicio todos lo reconocieron como 'el jefe', pese a ser Director de Seguridad de la Policía de Salta. Con lo cual se demostró que fue tercera autoridad de esa fuerza por debajo del Jefe y Subjefe.

Respecto de Soraire creemos que es el principio de la ruptura del pacto de silencio entre los policías y algunos civiles; su imputación surge un año después cuando en la localidad de Metán el subjefe de policía se presentó y frenó un juicio en contra de Soraire procurando su libertad e impunidad. Una de las víctimas del homicidio que estaba acusado Soraire, de apellido Rodríguez era hermano de dos empresarios que reconocieron colaborar con la policía dándoles nafta. Ese colaboracionismo cesó con la muerte de su hermano y Soraire fue protegido por la policía alegándose que había participado en el secuestro de Ragone y no podía por eso ser juzgado. Los hermanos Rodríguez se presentaron en la jefatura de policía y delante de las tres máximas autoridades de entonces (1977) Carpani Costas, jefe, Grande, subjefe, y Guil, Director de Seguridad, reconocieron la participación de Soraire en el secuestro de Ragone y por ello querían canjearle a cambio de la impunidad de Soraire 4 nombres a su discreción para que sean desaparecidos.

La declaración de los Rodríguez, rompe el pacto de silencio y confirma el grado de impunidad y poder que tenían los personeros del terrorismo de Estado, la existencia de los colaboracionistas y el principio de ruptura del pacto de silencio. También recordemos que Soraire fue incorporado a la causa recién en el año 2006 debido a que estuvo prófugo de la Justicia 20 años.

De Zanetto decimos que es claramente autor de delito de coacción agravada puesto que como personero de Lorenzo Miguel, era su chofer, vino a Salta nombrado por el ministro Ginés Fernández como secretario y fue el encargado de anunciarle el mal a Ragone, le dijo que debía abortar su candidatura para las internas del PJ. Ese hecho fue claramente probado y cotejado por el testigo que recibió esa amenaza,  por lo cual de ese hecho existe certeza absoluta. Más allá del resultado del secuestro, Zanetto sabía perfectamente lo que hacía y en nombre de quien venía y si bien el día específico del secuestro, 11/3/76 no estuvo en Salta, fue parte del magnicidio y al menos deberá responder por esa imputación. Al igual que Soraire, Zanetto, también estuvo prófugo de la justicia.

Respecto de los Herrera, queda solo decir que inicialmente la calificación de encubrimiento es benévola, también es real que nos sirve para demostrar que existió una zona custodiada o liberada que permitió el secuestro del ex gobernador  y mal podrán utilizar la coartada de que nada escucharon ese día pese a estar a 150mts; custodiando el domicilio de Gentil puesto que dicho argumento a esta altura resulta pueril.

¿Estamos en condiciones de creer que se da por concluida esta deuda histórica con la sociedad por más justicia?

Creo que 35 años fueron mucho. Y hasta tanto,  la Justicia miró a otro lado o fue cómplice. Sin embargo, en este proceso se logró romper con los esquemas internalizados de poder que existen en gran parte de la justicia aunque  no en toda.

Pero hay que aclarar que aún hay ausentes en la responsabilidad del magnicidio de Ragone y que ahora deberán ser juzgados como responsables. Esto surgió en todas las audiencias llevadas adelante y la prueba recolectada que sin dudas ha sido mucha. Por ello es que insisto en la importancia de concurrir  el próximo martes 11 de octubre a partir de las 10hs en la Ciudad Judicial, en donde el sol asomará con el nombre de verdad, memoria y justicia.

Por Alejandra Paredes

ATENTADOS EN EQUIPOS DE TRANSMISIÓN

LA IMPUNIDAD ALIENTA LAS AGRESIONES CONTRA LA PRENSA

EL SINDICATO DE PRENSA DE SALTA REPUDIA LOS ATENTADOS QUE SE REITERAN EN MENOS DE UN MES,  ANTE LA IMPUNIDAD DE QUIENES SACAN DE AIRE A LOS MEDIOS CUYAS PLANTAS TRANSMISORAS ESTÁN EN EL CERRO 20 DE FEBRERO. 

ESTAS ACCIONES VAN EN DETRIMENTO DE LA PLURALIDAD DE OPINIONES Y DE LAS FUENTES LABORALES, PUES EN LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES DE LOS MEDIOS, LA OPORTUNIDAD DE DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN ES VITAL Y CON ELLO EL ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA; PUES LA AUSENCIA DE TALES EMISIONES SUPONE UNA HEGEMONÍA MEDIÁTICA A LA QUE NO DEBEMOS, NI PODEMOS SOMETERNOS.

ESTAS ACCIONES DELEZNABLES MERECEN LA SOLIDARIDAD DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE PRENSA Y POR SUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS LOCALES Y NACIONALES. PUES, NO SE PUEDE PERMANECER IMPÁVIDO ANTE LO QUE PUEDE DERIVAR EN UN PELIGRO PARA QUIENES TRABAJAN EN LAS PROPIAS EMISORAS AFECTADAS, DADO QUE DE CONTINUAR CON ESTOS ATENTADOS, LA MAYOR VULNERABILIDAD NO ESTÁ PUESTA EN LAS COSAS (EQUIPOS), SINO EN LAS PERSONAS.

EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES, SE DETENGAN ESTOS SABOTAJES Y SE DETENGA A LOS RESPONSABLES, CONSECUENTEMENTE SE BRINDEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EJERCER LAS LABOR COTIDIANA DE PRENSA PORQUE EN ESTE ENTORNO EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN ES IMPROBABLE.

NO VAMOS A QUEDAR EN SILENCIO. HAGAN LO QUE HAGAN AUNQUE TIREN ABAJO TODAS LAS ESTRUCTURAS, LAS VOCES DE LOS TRABAJADORES DE PRENSA NO SE CALLAN. SI ES NECESARIO SALDREMOS A DECIR LO MISMO EN VIVO Y EN DIRECTO EN LA CALLE Y CON LA GENTE.

ALEJANDRA PAREDES

SECRETARIA GENERAL

SINDICATO DE PRENSA DE SALTA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTAS

FATPREN

Gentileza de Kimón Demitropulos @KimonSalta

La extranjerización de las tierras argentinas

Nicolas Juarez Campos, un cuadro Komprometido

El tema es parte del debate legislativo en un tiempo que no logra alterarse con las elecciones generales del próximo 23 de octubre.  La seguridad de continuar con el modelo nacional y popular, otorga esa incuestionable fuerza sobre un esquema de Congreso que deberá asimilar debates acallados convenientemente por los intereses económicos, corporativos que manejaban el país.

Escribe en un artículo, el abogado Nicolás Juárez Campos al respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo: ´´la Presidenta Cristina pidió a los diputados de todas las fuerzas que avancen en el tratamiento urgente del proyecto de ley de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, que regula y limita la compra de tierras argentinas a manos de extranjeros. Afirmó que una de las consecuencias de la crisis económica mundial se expresa en “el desplazamiento en materia de capitales que pasan de activos financieros a activos físicos”, sin ocultar de que la sobreabundancia de capitales en el mundo se desplace a la compra de grandes extensiones de tierra en nuestro país. Es que la debilidad del dólar como moneda de aceptación universal y el deterioro del euro como eventual sustituto, están provocando estrategias defensivas de grandes inversores y bancas centrales de países con excedentes para preservar el valor de sus patrimonios y en esa debacle del capitalismo global es conveniente poseer una norma que regule la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

El alza en el precio de los commodities, la política cambiaria, el escenario de incertidumbre global, y la huida de capitales de las inversiones tradicionales, con un horizonte de escasez alimentaria y de recursos naturales no renovables, vuelve la compra de tierras una opción muy interesante para el capital extranjero. Tomemos un ejemplo: según la Bolsa de Cereales de Rosario, el valor promedio de la hectárea en la zona núcleo aumentó 375% en los últimos 10 años y se ubica actualmente en los máximos registros históricos.

El rol del Agro argentino

El Cronista le consultó sobre los dichos al político salteño, quien no dudó en agregar: “la AFA (Agricultores Federados Argentinos), entidad vinculada a Federación Agraria y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), relacionada con Coninagro, que nuclean a todos los pequeños y medianos productores agropecuarios, son las que más insistieron con el proyecto de ley, porque ellas visualizan el peligro que significaría que la Argentina “..sufriera el desapoderamiento de un recurso estratégico y no renovable como la tierra..”.

La iniciativa tiene antecedentes en la legislación brasileña. El proyecto limita en un 20% la sumatoria de propiedades extranjeras, sobre el total de tierras agropecuarias o rurales disponibles a nivel nacional y también provincial y municipal y a un máximo de 1000 has. por persona física o jurídica por cada región o provincia.

Muchos consideramos que la restricción debería ser mucho más importante, porque actualmente más del 10% del total de la superficie de las tierras habilitada para la cosecha, estaría en manos extranjeras, por lo que el proyecto oficial permitiría que esa superficie se duplique.

Pero ¿en qué perjudican los fondos extranjeros en la compra de tierra en el país?

La extranjerización de la tierra vulnera la seguridad y soberanía alimentaria y agrega presión sobre la balanza de pagos, por la remisión de utilidades y dividendos, pero sobre todo puede afectar gravemente la soberanía territorial y económica. Tenemos el caso del magnate Douglas Tompkins el mayor propietario de recursos naturales vinculados con el agua, en la Patagonia y en los Esteros de Iberá, debajo del cual está la mayor reserva de agua dulce del mundo, el acuífero Guaraní. Además tiene propiedades en la naciente y en la desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia, desde la Cordillera al Atlántico. Debemos priorizar el interés nacional en la explotación de nuestros suelos y en la tutela del uso responsable de nuestros recursos naturales para preservarlos para las generaciones futuras, tal como lo ordena la Constitución Nacional (art. 41).

En las “zonas fronterizas” la restricción debería ser total para las tierras ubicadas en la franja de 150 kilómetros( abarcando la cordillera) y de 50 kilómetros desde las costas. Tengamos presente que en esas zonas existe la mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce. Dentro de esas zonas de seguridad o en áreas de influencia hay 63 explotaciones mineras en manos de multinacionales, que representan el 91% del total, ya que sólo 6 de ellas pertenecen a capitales argentinos.

¿Hay estimaciones sobre qué cantidades de tierras se vendieron hasta el momento?

Se especula actualmente que las tierras en manos foráneas son más del 10%. Muchos de los millonarios extranjeros adquirieron terrenos en zonas puramente turísticas, sobre todo en la Patagonia. Uno de los casos más emblemáticos y escandalosos son las 14 mil hectáreas compradas por el inglés Joseph Lewis (dueño de las marcas Puma, Hard Rock Café) en la zona del Lago Escondido- con éste incluido- en El Bolsón, Río Negro, estableciendo así su paraíso privado cerrado al público.

El otro caso insignia en la extranjerización es el de los hermanos Benetton; los productores textiles italianos hoy ostentan en la Patagonia casi un millón de hectáreas, lo cuál los convierte en los mayores terratenientes extranjeros en la Argentina. En Salta, el grupo estadounidense AIG, posee junto a la finca Jasimana 1,5 millón de hectáreas, casi el 7% de la superficie de la provincia. El magnate Ted Turner, dueño de la CNN, compró 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego y la familia Bush posee 30.000 hectáreas en la Provincia de Córdoba.

La Argentina tiene aproximadamente una superficie explotable de 174 millones de hectáreas agropecuarias. Si este año no se sanciona la ley que frene el virulento proceso de extranjerización iniciado durante los ’90, hasta el 2013 otras 25 millones más de  hectáreas podrían ser adquiridas por extranjeros, sumándose a las 22 millones que ya poseen, o sea llegarían a tener el 20 % del territorio, superficie equivalente a Italia o 69 veces la Capital Federal.

¿No es suficiente la protección de las leyes en referencia a las tierras?

Argentina solo tiene protegido el 6,3% de su territorio, aunque la organización norteamericana The Waters Society calcula que es menos: solo el 1,57%.. De las áreas protegidas (parques nacionales, reservas de agua, de vida silvestre y reservas marinas) el 79,7% pertenece a las Provincias y el resto a la Nación. El país falla en el ordenamiento de su territorio,  no encuentra consensos entre las distintas actividades (energía, infraestructura, parques) para una división guiada por la capacidad de los ecosistemas. Se desmonta, por ejemplo, para hacer agricultura y aparece el problema de la “agro culturización”, etc. La iniciativa también definirá un porcentaje, que se estima será del 30% de esas tierras, que podrán estar distribuidas entre titulares de la misma nacionalidad. El debate que propone la norma abarca también la concentración de la tierra, el modelo de producción agrario, la soberanía alimentaria, el control de los recursos naturales y el acceso a la tierra de los pueblos originarios.

Es una premisa doctrinaria, aquella de la tierra para quien la trabaja. ¿No sería mejor mayor cantidad para los productores locales?

La reconversión del sistema de producción agrario en la Argentina, que puso a la soja como principal baluarte, profundizó la concentración de la propiedad de la tierra y a su vez generó un proceso de extranjerización. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mitad de las tierras se encuentra en  manos del 2% de los propietarios agrarios, en tanto que los pequeños y medianos productores detentan apenas el 3% del total de las tierras cultivables.-

El proyecto oficial contempla la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales  dentro del Ministerio de Justicia o sea un registro único de catastro, un Inventario de tierras que deberá censar los campos productivos. “Tenemos la producción agrícola-ganadera como uno de los puntales de nuestra economía y no sabemos esto…”, dijo la Presidenta. Los extranjeros tendrán un plazo de 180 días para presentarse ante la autoridad de aplicación.

Además el debate de la norma tendrá que definir cuál será el trato que recibirán aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que, una vez promulgada la ley, excedan el límite fijado por la misma para la posesión de tierras, teniendo en cuenta el “respeto a los derechos adquiridos” que ordena en su articulado. Durante los ’90, con la moneda depreciada, la economía devastada y una legislación subordinada a los patrones impuestos por el modelo neoliberal se permitió que  hectáreas de tierras argentinas se ofrecieran en los diarios de los Estados Unidos con la suspicaz frase de “compre una hectárea de tierra en Argentina por el valor de una hamburguesa”.

¿El Estado expropiará terrenos adquiridos con anterioridad a la ley?

Si bien ninguno de los proyectos plantea una expropiación, algunos insisten con revisar la forma en la cuál fueron adquiridas esas tierras. En ese sentido, la diputada por el Socialismo santafesino Verónica Benas y autora de otra iniciativa, pide que “…se anulen todas las operaciones que hayan sido hechas de forma irregular en relación con la legislación del momento… Esto ocurrió mucho durante el menemismo… De esa forma se recuperarían una gran parte de las tierras malvendidas en los ’90 y la Auditoría General de la Nación ya ha detectado muchas de estas irregularidades, por eso sería importante avanzar en ese sentido…”.-

Durante el menemismo, en el bienio 97/98, la Secretaría de Seguridad Interior, organismo encargado de aprobar las operaciones, habilitó ventas de tierras a extranjeros por la friolera de 8 millones de hectáreas. La evolución de la extranjerización de las propiedades en zonas de seguridad ha vulnerado el espíritu del decreto-ley 15.385, dictado por el gobierno del general Edelmiro Farrell, con Juan Domingo Perón como vicepresidente, en 1944.

La norma referenciada declaraba de “conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos…”. En ese año de establecimiento de las zonas de seguridad, el gobierno de Farrell-Perón expropió numerosas propiedades extranjeras, para preservar el territorio nacional y la integridad de la Argentina.

¿Quiénes son los verdaderos dueños de las mejores tierras del país?

En definitiva, si analizamos quiénes son los dueños de las 22 millones de hectáreas extranjerizadas, se concluye que en su mayoría son integrantes de la gran burguesía monopólica transnacional norteamericana y europea y en menor medida sectores del establishment económico doméstico, subordinados a los intereses de la primera. Según una encuesta nacional, 9 de cada 10 argentinos afirman que se debe limitar o prohibir la venta a extranjeros de tierras y recursos naturales. A contramano de las políticas de varios estados suramericanos, el Banco Mundial otorgará 30 millones de dólares a un fondo de compra de tierras agrícolas en América Latina a personas que ostentan el ranking de ser los mayores millonarios del planeta. Ha pre-otorgado recientemente a la conocida expropiadora de tierras ajenas Calyx Agro Ltda. Un préstamo para ampliar sus explotaciones agrícolas en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Calyx Agro Ltda fue configurada en la Argentina por Louis Dreyfus Commodities en el año 2007, como vehículo para la adquisición de tierras agrícolas en el sur de América latina. Este préstamo del Banco Mundial, allanará la expansión a gran escala de los fondos de tenencias de tierras, muchas veces aliados de las grandes corporaciones nacionales explotadoras de tierras en forma indiscriminada. El organismo multilateral insiste con políticas cuyas consecuencias de despojo, desplazamiento de personas, cambio climático, depredación de los recursos naturales, entre otras lacras, se expandan en las regiones ricas en recursos.

Otro modo de apropiarse

No es desacertado pensar que estas “nuevas” formas de apropiación de lo ajeno, no es más que la continuación del neoliberalismo por otros medios, como el “neoinstitucionalismo” (nuevo formato político de dominación), en un momento de crisis del capitalismo financiero en Europa y EEUU, orientada a la convergencia normativa de los acuerdos de libre comercio y  promoción de la violencia estatal para la criminalización social. Esto nos lleva a prestar especial atención al tipo de legitimidad que requieren las políticas extractivistas de recursos naturales.-

El Neoinstitucionalismo, que aplica el Banco Mundial, postula que las instituciones correctas generan resultados correctos y que la clave consiste entonces en copiar las de los países desarrollados. Desde esta óptica, el problema del capitalismo no es su naturaleza de dominación y explotación, sino la existencia de reglas de juego inadecuadas o inadaptables al modelo de acumulación colonial.

Se matiza la defensa del capitalismo especulativo del libre mercado, con propuestas de políticas que atienden a la “institucionalidad histórico concreta”. Disfrazan el discurso neoliberal con consideraciones jurídicas, sociológicas, religiosas y culturales (tradiciones, patrimonio histórico, etc.), sin embargo, como decía Ramona, aunque la mona se vista de seda, mona queda.

Es prioritario para la supervivencia de la especie humana, limitar con nuevas normas y procedimientos la tenencia de tierras en manos extranjeras, así como reorientar una política de distribución más justa. Debemos impedir ese avance devastador que tales explotaciones tienen en las personas y el medio ambiente, en Suramérica y en el resto del mundo: pérdida de soberanía, ausencia de control en la explotación de recursos estratégicos, desplazamiento forzado de pueblos originarios, aplicación de recursos tecnológicos que suelen ser depredatorios de los recursos naturales, etc.

F/El Cronista